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GRANATA PIDIÓ INFORMACIÓN SOBRE LA SENTENCIA DE LA CORTE POR LA INUNDACIÓN EN 2003

La diputada provincial Amalia Granata presentó un proyecto de comunicación mediante el cual le solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Justicia o del organismo que corresponda, se sirva proceder a informar sobre la sentencia de la Corte Suprema de Santa Fe respecto de las inundaciones que tuvieron lugar en el año 2003.

La presidente del bloque «Somos Vida» pidió que se informe de manera detallada, cuáles son las causas y quiénes son los representantes legales presentados en ellas, cuál es el presupuesto de la provincia destinado para la cancelación de los juicios por la inundación y si en el presupuesto se contempla la cancelación total de todos los rubros contemplados en el reclamo de un juicio, a saber, capital, intereses, costas, honorarios y aportes profesionales.

«A 21 años de la tragedia más grande que vivieron los santafesinos, y con la elección de un nuevo Gobierno, y con ello de un nuevo Fiscal de Estado, llegaron novedades para quienes hayas accionado civilmente. Algunos podrán verlo como una celebración, pero quienes velamos por los intereses de nuestros ciudadanos debemos observar, investigar y poner el foco en el trasfondo de ciertas cuestiones y preocupaciones, como la que se solicita en este pedido de informes«, explicó.

Señaló que «el Gobierno santafesino resolvió no apelar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en las causas vinculadas a las inundaciones ocurridas en la ciudad de Santa Fe en el año 2003, y con ello cuando baje a las primeras instancias donde se había denunciado, muchas personas van a poder cobrar lo que deberían haber cobrado hace más de una década atrás, poniendo fin a los reclamos económicos de los damnificados«.

Además, mencionó «un dato no menor: es que desconocemos cuánto le va a costar esta decisión a la provincia, ya que no solo se deberá abonar capital, intereses, sino también costas judiciales, honorarios y aportes profesionales a quienes representan legalmente en estos juicios. El Gobierno de Pullaro, y dirigido en este caso por el Fiscal de Estado, asume este compromiso sin saber cuál es el costo que le representa».

«Pero aún más importante, es que muchos de estos juicios fueron iniciados por el Dr. Rondina, abogado inscripto en la matrícula, y el hoy entonces fiscal de Estado, quién lleva años litigando contra la provincia, para cobrar lo reclamado, y hoy es quién, ´por mandato del Gobernador´, aconseja no apelar la sentencia de la Corte«, disparó Granata.

 

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