Espectáculos

Escándalo de los alimentos: la investigación también apunta a la ONG que compró toneladas de comida y pagó a empleados y funcionarios

Se trata de la Organización de Estados Iberoamericanos. Documentos aportados en la causa judicial revelan que el ministerio de Sandra Pettovello adquirió más de tres mil toneladas de productos que están en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo que fueron allanados

El juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa investigan la compra, por parte del Ministerio de Capital Humano, de 3,3 mil toneladas de alimentosvaluados en casi 4 mil millones de pesos adquiridos a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Se trata de la misma ONG internacional que tiene convenios marco de cooperación vigentes con el gobierno argentino y que desató el escándalo en la cartera de Sandra Pettovello por recibir alrededor de mil millones de pesos por acuerdos firmados por el ex secretario de Niñez, Familia y Adolescencia, Pablo de la Torre, quien a su vez habría entregado al menos 100 nombres para hacerlos figurar como contratados tercerizados.

La revelación terminó con el ex secretario de Salud de San Miguel fuera del gobierno de Javier Milei. En ese marco, el Gobierno impulsó una denuncia penal y realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La Justicia tendrá que investigar cuántos de ese centenar eran contratos reales, si hubo identidades fraguadas y si, del monto que figuraba en esos contratos, había una retención compulsiva, un peaje o un “aporte voluntario” del contratado, como se denunció.

La comida de Villa Martelli y Tafí Viejo

La tercerización en distintas áreas a través de la la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) no es nueva en la gestión de La Libertad Avanza. El 8 de febrero pasado Pettovello firmó convenios con esa institución y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por 20.000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos.

La cartera aseguró en un comunicado publicado en su página web que “estos convenios asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

El texto también sostenía: “Además, permitirá adoptar criterios basados en especificaciones técnicas y nutricionales, en lugar de marcas comerciales y promoverá la participación de una amplia gama de proveedores, desde grandes empresas hasta pequeños productores locales”.

El anunció se realizó después de la decisión de Pettovello de quitarle la “tercerización” de la distribución de alimentos secos a las organizaciones sociales y piqueteras. Una auditoría interna reveló la existencia de “comedores fantasmas” administrados por los movimientos sociales a los que iría parte de esa comida pero que no llegaba a los sectores más vulnerables. Por esa razón la funcionaria suspendió la entrega de alimentos. La decisión abrió un brete de discusión con los dirigentes sociales que la acusaban de “insensible” y de “dejar sin alimentos a los pobres”.

En medio de esa disputa, una segunda auditoría sobre el sistema de licitación y compras de la gestión de Alberto Fernández arrojó que la ex cartera de Desarrollo Social adquiría los alimentos con “sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y falta de trazabilidad en el destino de los alimentos que salían de los depósitos hacia las organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda, para que sus dirigentes distribuyan los alimentos a los comedores y merenderos que administran”, tal como publicó este medio.

También se afirmaba que los piqueteros y dirigentes sociales, apenas “rendían el 8%” de los alimentos que recibían.

El abogado Juan Grabois, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), denunció a Pettovello por varios presuntos delitos, entre ellos “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” por haber cortado la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios.

En el marco de esa causa, que investigan el juez Casanello y la fiscal Ochoa, el dirigente de Argentina Humana presentó pruebas que en los depósitos de Capital Humano de Villa Martelli, ubicado en el conurbano bonaerense, y Tafí Viejo, en Tucumán, había más de cinco mil toneladas de alimentos, entre ellos casi una tonelada de leche en polvo con fecha próxima a vencer.

En su defensa, el Gobierno, a través de Manuel Adorni, el portavoz presidencial sostuvo que esa mercadería era para distribuir en situación de “catástrofe” y que no tenían vencimiento cercano. “Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina…. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”, apuntó Adorni desde la Casa Rosada.

Los funcionarios también afirmaron que esa mercadería había sido adquirida por el gobierno de Fernández. Sin embargo, días después, los argumentos se desmoronaron: Grabois aportó documentación oficial del mismo Ministerio de Capital Humano que demostraba que la leche en polvo, vencía en de dos meses. Entre otros productos.

Esos documentos desmentían otra afirmación: en los depósitos había alimentos adquiridos por Capital Humano bajo la tercerización de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Se trataba de aceite de girasol y lentejas secas. Y las firmas beneficiadas eran varias de las mismas cuestionadas en la denuncia penal que por presuntas irregularidades había realizado Leila Gianni, la subsecretaria legal de Capital Humano, tal como informó este medio.

Según las planillas aportadas por Grabois a la causa judicial, las firmas adjudicadas fueron Tanoni Hermanos SA, Valquiria SAS, Nomero SA, Alimentos Fransro SRL y Careaga Hermanos y Teglia SRL.

Todas ellas ya habían sido favorecidas en la gestión anterior teñidas por falta de trazabilidad y cartelización, entre otras presuntas irregularidades. La justicia no investiga un posible caso de corrupción en esta compra, sino si se adquirió para distribuirla entre los más necesitados, como sostiene o para “catástrofe” como insisten desde La Libertad Avanza.

Infobae se comunicó con las mismas fuentes que difundieron el comunicado oficial de la OEI, pero declinaron hacer comentarios. La voz era clave para conocer las razones por las cuales se adquirieron insumos a las mismas empresas cuestionadas en la denuncia penal presentada por Capital Humano y para que expliquen la modalidad de contratación que se había implementado en esa cartera, y más concretamente en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

En su escrito ante la fiscal Ochoa, Grabois ya había advertido que los funcionarios de Pettovello adquirieron alimentos no para situaciones de “catástrofe”, sino para, tal se detalla en el documento oficial de la OEI para “garantizar el acceso a los alimentos, mejorar la calidad nutricional y complementar la cobertura alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad social, a través de la adquisición de productos alimenticios destinados a organizaciones de la sociedad civil (comedores, merenderos, etc)”.

También se detalla que esos alimentos estaban destinados a los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.

“El programa para atender las catástrofes existe, se denomina “PROGRAMA DE ASISTENCIA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS Y CATÁSTROFES NATURALES O ACCIDENTALES” y está reglado por la Resolución MDS 485/2016″, le explicó el abogado y dirigente al jugado que ayer ordenó el allanamiento del depósito ante el anuncio del Gobierno de que el Ejercito sería el encargado de distribuirlo.

La medida del magistrado se tomó también porque Capital Humano incumplió con la manda judicial de entregar un cronograma de distribución de los alimentos en 72 horas y el reiterado pedido del magistrado.

En el escrito judicial el abogado y referente social explicó: “La mercadería acaparada en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo están destinadas a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil. Así lo dice textualmente el convenio de adquisición con la OEI. El convenio con PNUD también está encarado desde el ‘abordaje comunitario’ para mitigar situaciones de vulnerabilidad”.

La salida de Pablo de la Torre en medio de las revelaciones por la supuesta creación de un sistema de recaudación política ilegal montado en torno a contratos firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos, se dio en el marco de los alimento acopiado en galpones que se descubrió que están a días de llegar a su vencimiento. En el Gobierno lo acusan de no haber informado a Pettovello de este hecho.

Entre sus íntimos De la Torre lo desmiente. Como también se defiende de la otra imputación por supuestos actos de corrupción.

“Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Pettovello No me voy a dejar amedrentar por los Kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio”, escribió en su red social X.

El dirigente del municipio bonaerense de San Miguel desligó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de las acusaciones en su contra y apuntó contra otros funcionarios del gabinete nacional a quien no identificó.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *