COIMAGATE: NUEVAS PRUEBAS POR $75 MIL MILLONES IMPULSAN NUEVAS INDAGATORIAS A SPAGNUOLO Y OTROS 28 IMPUTADOS
El fiscal Franco Picardi detectó nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucran a “funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”. Cómo fue el direccionamiento de las compras. El rol de Diego Spagnuolo, íntimo amigo del Presidente, y del lobbista Miguel Ángel Calvete. Las referencias al 3% de coima para Karina Milei. Y por qué pueden haber más imputados.
El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación del Coimagate, detectó nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucran a “funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo” y pidió 29 indagatorias, entre las que se incluyen las ampliaciones de Diego Spagnuolo, el íntimo amigo del presidente Javier Milei que estuvo al frente del organismo, y del lobbista Miguel Ángel Calvete, ambos ya procesados por ser considerados jefes de la asociación ilícita que funcionó en esa dependencia estatal. El representante del Ministerio Público Fiscal precisó que los hechos investigados en su último dictamen “implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”.
Picardi describió que los “nuevos hallazgos” demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de un entramado delictivo en la ANDIS que fue “conducido desde el sector público, por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian”. Se trata de los cuatro acusados que ya fueron procesados como jefes de la asociación ilícita en el marco de esta causa. En total son 19 los procesados que tiene el caso.
Picardi, que realiza la investigación con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, halló serias irregularidades “en las compulsas de precios del rubro insumos” de la ANDIS, puntualmente en los segmentos “amputación”, “audífonos”, “cardio”, “implante auditivo”, “neuro”, “sillas/andadores” y “traumatología”. Estas maniobras se suman a las que se hacían con los medicamentos, por las que se dictaron los primeros procesamientos del caso.
En un dictamen de 228 páginas, Picardi explicó que las novedades “no constituyeron hechos aislados, sino que respondieron a un entramado de vínculos personales, económicos y funcionales que garantizó la manipulación de compras públicas de manera permanente”. Y adelantó que continúa con la pesquisa que ya lleva 7 meses porque es de esperar que se sigan sumando imputaciones.
Como en dictámenes anteriores, volvieron a aparecer referencias a descuentos de un 3%, todo indica que de coimas. Se trata de la misma cifra que iba a parar a manos de Karina Milei, la hermana del Presidente, según se le escucha decir en audios filtrados al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo cuando describe el sistema de corrupción dentro del organismo que comandaba. La prueba en ese sentido comienza a acumularse en este expediente. Ya que el mismo Calvete en un dialogo con su hija Ornella –exfuncionaria del Ministerio de Economía y también procesada en esta causa- habla del “3% para KM”.
En el reciente pedido de indagatorias está fechado el 19 de marzo pero se conoció este último jueves. El requerimiento debe ser resuelto ahora por el juez a cargo del juzgado federal N° 11, que es donde está radicado el expediente. Ese despacho hoy es ocupado por el magistrado Ariel Lijo, quien fue uno de los candidatos fallidos del gobierno a la Corte Suprema. Lijo reemplazó en la subrogancia del juzgado Nº 11 a Sebastián Casanello, el juez que estuvo al inicio de la causa y dictó los 19 procesamientos que ya tiene el Coimagate.
En las 29 nuevas indagatorias requeridas hay cinco pedidos de ampliación. Se trata de los casos de Spagnuolo, Garbellini, Calvete (p), Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
A su vez hay 24 nuevos imputados. Se trata de: Emilio Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martín Gonzalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.
Para los fiscales Picardi y Rodríguez, no hay dudas: durante el gobierno de Javier Milei “la ANDIS fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional, tanto en lo relativo a medicamentos como insumos, que, por sus particularidades, resultan de alto impacto y baja incidencia”. “El conjunto de evidencias analizadas permite reconstruir un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello”, agregaron.
Según circunscribió la fiscalía, los actos de corrupción se llevaron a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 hasta octubre del 2025, es decir, durante el gobierno de Javier Milei.
Promiscuidad público-privada
En su nuevo dictamen, Picardi volvió a apuntar a los procesados que considera “jefes de la asociación ilícita”. Se trata de Calvete, Spagnuolo, Daniel Garbellini (quien fue director del área Incluir Salud, la dependencia de la ANDIS donde se concentró el sistema de corrupción) y Pablo Atchabahaian, quien fue parte de la ANDIS durante el macrismo. Todos aparecen vinculados otra vez al direccionamiento de adjudicaciones millonarias que se realizaron desde el organismo que tras el escándalo el gobierno pasó a llamar Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).
A juzgar por el caudal probatorio que nutre la causa, Miguel Ángel Calvete se encargaba de administrar el circuito del dinero ilegal en la ANDIS. Tenía un vínculo directo con Spagnuolo, íntimo amigo de Javier Milei y quien fuera su abogado. Calvete no solo intercambiaba mensajes y llamados asiduos con Spagnuolo. También lo visitaba en su casa y le pagaba sobornos, según precisó la Justicia.
Picardi destacó que tras investigar los nuevos hechos se “ha logrado acreditar que Miguel Ángel Calvete, posee relaciones con gran parte de las personas jurídicas y físicas mencionadas (en el dictamen del 19 de marzo), ya sea porque mantuvo conversaciones para arreglar las cotizaciones, adjudicaciones y repartos de ganancias, quedándose con un porcentaje determinado; como así por sus conocimientos respecto de pagos que serían realizados desde ANDIS y que constan en sus cuadernos, entre otras”. El fiscal también resaltó “la influencia de Pablo Atchabahian en las firmas Farma Salud S.R.L., Droguería Génesis S.A. y Droguería New Farma S.A.”, que son algunas de las empresas favorecidas en las adjudicaciones recientemente analizadas, “lo que da cuenta de la conformación de determinados grupos de interés nucleados en torno a ellos dos”, remarcó Picardi en referencia a Calvete y Atchabahian.
“Todas las maniobras detectadas, implicaron sumas millonarias erogadas desde la ANDIS, habilitadas por Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, entre otros ya procesados/as, a cambio de retornos para sí, de diversa índole. Un sistema que aceitaron entre empresarios/as y funcionarios/as para defraudar al Estado, en perjuicio además de un sector social especialmente vulnerabilizado”, sintetizó el fiscal.
El direccionamiento de las compras
Una serie de chats entre Calvete y Garbellini fue uno de los disparadores que llevó a los investigadores a hacer foco en “otros actores que comercializaban con ANDIS”. Por ejemplo, en julio de 2025, Garbellini le envió a Calvete “una imagen con un listado de firmas, que no se limitaba al mundo de los medicamentos, sino que resultaba abarcativo de otras empresas vinculadas al rubro insumos”. En esa imagen se podía observar “un cuadro que listaba nombres de empresas relacionadas a determinadas compulsas de precios de insumos con montos ‘a cobrar’ y que fueron llamados por este como ofrendas”. Las “ofrendas” era el “dinero que empresas propias y ajenas debían cobrar, respecto de las cuales Miguel Ángel Calvete obtendría un rédito espurio por habilitarles su participación irregular en el SIIPFIS, que luego también implicaba retornos a funcionarios/as públicos/as”, señaló el fiscal. El SIIPPFIS es un sistema integrado de información y administración de prestaciones para personas con discapacidad que se comenzó a utilizar en ADNIS a partir del lunes 26 de junio de 2024. “Dicho sistema -utilizado inicialmente para la adquisición de insumos-, fue ampliado para la realización de todas las compras del Programa Incluir Salud de la ANDIS”, señaló el fiscal. Se trató del centro neurálgico de los actos de corrupción que se investigan.
Picardi afirmó que existió “un direccionamiento permanente y una cartelización que implicó acuerdos de precios para facilitar las adjudicaciones a determinadas empresas desde el SIIPFIS, en determinados segmentos y por determinados montos, tomando en cuenta el modo en que el sistema realizaba las adjudicaciones. Todo lo cual derivó en ganancias de miles de millones de pesos para las empresas y sus representantes -formales e informales- como retornos para funcionarios/as que cumplieron funciones indebidas”. El total de las nuevas maniobras detectadas supera los 75.000 millones de pesos.