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Si bien la acusación los incluye a todos, propone investigarlos por separado ya que las responsabilidades que les imputan son distintas entre ellos. Sobre el cierre del año 2021, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda declararon la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el Congreso Nacional en 2006 para regular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y simultáneamente dispusieron que hasta tanto el Congreso sancione una nueva norma, el Consejo se integraría según el régimen legal anterior, aunque había sido derogada por el Congreso para posibilitar la sanción de la nueva normativa y Rosatti se autoproclamó presidente del Consejo. En virtud de estos antecedentes, el oficialismo acusa a los jueces de haber avasallado facultades del Congreso y abrogarse funciones legislativas al reinstaurar una ley derogada “para ejecutar el asalto al Consejo de la Magistratura”. Hace apenas semanas, los cuatro jueces de la Corte dictaminaron que el estado nacional debe entregar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables, de forma diaria y automática, a través del Banco Nación. El argumento del oficial en este caso es que la Corte Suprema perjudica al resto de las provincias y que invadió atribuciones del poder ejecutivo y del Congreso al disponer cómo deben asignarse los fondos coparticipables. En la presentación se denuncia también que habría existido connivencia entre el máximo tribunal y el gobierno porteño en esta sentencia. Y presentan como prueba las filtraciones de chats que presuntamente habrían cruzado Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño. “Entre ellos existe una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del alto tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Pero, además, los chats publicados demuestran claramente que Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”, sostiene el proyecto dando por sentada la veracidad de las conversaciones mediatizadas recientemente. En lo que resulta una movida inédita en la historia de nuestro país, la institucionalidad argentina podría ser sometida a pasar por el banquillo de los acusados. Esto incluye la interpelación parlamentaria de los cuatro jueces de la Corte Suprema; de funcionarios y empleados de la Corte Suprema, incluidos Silvio Robles, y el administrador General del máximo tribunal, Héctor Marchi; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente en uso de licencia; los once gobernadores que suscribieron el enjuiciamiento a la Corte Suprema, entre los que se incluyen Jorge Capitanich (Chaco); Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) -los más comprometidos con la iniciativa-; representantes de organismos de derechos humanos: entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Red Nacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); funcionarios que participaron en la redacción del proyecto, a la cabeza de los cuales aparece Carlos Zannini; y juristas destacado como el ex miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, quien argumentó puntualmente los supuestos delitos imputables a los Supremos. Para sustanciar la prueba, el oficialismo exigirá en comisión que se libren oficios a varias dependencias estatales: la Oficina de Presupuesto del Congreso debería estimar el impacto fiscal del fallo que reasigna recursos coparticipables a la Capital; la Comisión Federal del Impuesto (CFI), informar si ha tomado intervención, y en caso afirmativo, si se ha expedido un informe técnico sobre la coparticipación correspondiente a la CABA; decretos y resoluciones con las designaciones de Laura Latorre, esposa de Silvio Robles, en el gobierno porteño; y, finalmente, la dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y/u organismo que se entienda competente para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación. En caso de sumar los votos necesarios, podrían saltar a la luz los elementos probatorios de acusaciones como las de Javier Milei, respecto de la existencia de una “casta”, y no queda en claro hasta dónde podría llegarse de tirarse el hilo hasta sus últimas consecuencias. Algunos observadores afirman que no es intención del oficialismo llegar a tanto, ya que podrían quedar explicitadas situaciones que lo comprometan, sino conseguir la renuncia de alguno de los miembros del alto tribunal para mejorar sus chances electorales, aún cuando el juicio no prospere. Mientras que la opinión se divide entre quienes sostienen que se trata de una iniciativa muy positiva para restablecer la salud de la república y quienes afirman que se trata de una intromisión autoritaria que afecta la autonomía de los poderes públicos, la Argentina afronta una grave situación de conflicto institucional cuyas consecuencias podrían resultar insospechadas. O, tal vez, simplemente todo quedará en la caída de algunos funcionarios de segunda línea sin que el fondo de la cuestión llegue a dilucidarse. (www.REALPOLITIK.com.ar)

El oficialismo sabe que no cuenta con los votos indispensables para sumar los 2/3 que habilitarían el juicio político a la Corte. Sin embargo, aún así no desiste en intentar darle curso legislativo a la iniciativa.

Con pocas probabilidades de imponerse en las elecciones presidenciales, el kirchnerismo imagina que el fracaso del proyecto generaría alguna clase de reacción en la opinión pública ante lo que les parece tan claro como el agua: el supuesto contubernio entre la Justicia y el Pro. De este modo, la derrota le permitiría victimizarse y salir a gritar a los cuatro vientos que los hechos habrían dado una confirmación incuestionable al tradicional relato cristinista.

El pedido de juicio político a la Corte Suprema que impulsa Alberto Fernández con el aval de poco más de una decena de gobernadores fue presentado por quince diputados del oficialismo, y no sólo apunta al presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti, sino también al resto de sus integrantes: Carlos RosenkrantzJuan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

A juicio del oficialismo, la Corte había incurrido en un “mal desempeño en sus funciones“, que se sostendría sobre los presuntos «ataques reiterados sobre las facultades constitucionales asignadas al poder ejecutivo y al poder legislativo, invadiendo la competencia exclusivas y excluyente de los restantes poderes del estado”.

Si bien la acusación los incluye a todos, propone investigarlos por separado ya que las responsabilidades que les imputan son distintas entre ellos. Sobre el cierre del año 2021, los jueces RosattiRosenkrantz y Maqueda declararon la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el Congreso Nacional en 2006 para regular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y simultáneamente dispusieron que hasta tanto el Congreso sancione una nueva norma, el Consejo se integraría según el régimen legal anterior, aunque había sido derogada por el Congreso para posibilitar la sanción de la nueva normativa y Rosatti se autoproclamó presidente del Consejo. En virtud de estos antecedentes, el oficialismo acusa a los jueces de haber avasallado facultades del Congreso y abrogarse funciones legislativas al reinstaurar una ley derogada “para ejecutar el asalto al Consejo de la Magistratura”.

Hace apenas semanas, los cuatro jueces de la Corte dictaminaron que el estado nacional debe entregar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables, de forma diaria y automática, a través del Banco Nación. El argumento del oficial en este caso es que la Corte Suprema perjudica al resto de las provincias y que invadió atribuciones del poder ejecutivo y del Congreso al disponer cómo deben asignarse los fondos coparticipables.

En la presentación se denuncia también que habría existido connivencia entre el máximo tribunal y el gobierno porteño en esta sentencia. Y presentan como prueba las filtraciones de chats que presuntamente habrían cruzado Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño. “Entre ellos existe una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del alto tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Pero, además, los chats publicados demuestran claramente que Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”, sostiene el proyecto dando por sentada la veracidad de las conversaciones mediatizadas recientemente.

En lo que resulta una movida inédita en la historia de nuestro país, la institucionalidad argentina podría ser sometida a pasar por el banquillo de los acusados. Esto incluye la interpelación parlamentaria de los cuatro jueces de la Corte Suprema; de funcionarios y empleados de la Corte Suprema, incluidos Silvio Robles, y el administrador General del máximo tribunal, Héctor Marchi; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente en uso de licencia; los once gobernadores que suscribieron el enjuiciamiento a la Corte Suprema, entre los que se incluyen Jorge Capitanich (Chaco); Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) -los más comprometidos con la iniciativa-; representantes de organismos de derechos humanos: entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Red Nacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); funcionarios que participaron en la redacción del proyecto, a la cabeza de los cuales aparece Carlos Zannini; y juristas destacado como el ex miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, quien argumentó puntualmente los supuestos delitos imputables a los Supremos.

Para sustanciar la prueba, el oficialismo exigirá en comisión que se libren oficios a varias dependencias estatales: la Oficina de Presupuesto del Congreso debería estimar el impacto fiscal del fallo que reasigna recursos coparticipables a la Capital; la Comisión Federal del Impuesto (CFI), informar si ha tomado intervención, y en caso afirmativo, si se ha expedido un informe técnico sobre la coparticipación correspondiente a la CABA; decretos y resoluciones con las designaciones de Laura Latorre, esposa de Silvio Robles, en el gobierno porteño; y, finalmente, la dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y/u organismo que se entienda competente para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación.

En caso de sumar los votos necesarios, podrían saltar a la luz los elementos probatorios de acusaciones como las de Javier Milei, respecto de la existencia de una “casta”, y no queda en claro hasta dónde podría llegarse de tirarse el hilo hasta sus últimas consecuencias. Algunos observadores afirman que no es intención del oficialismo llegar a tanto, ya que podrían quedar explicitadas situaciones que lo comprometan, sino conseguir la renuncia de alguno de los miembros del alto tribunal para mejorar sus chances electorales, aún cuando el juicio no prospere.

Mientras que la opinión se divide entre quienes sostienen que se trata de una iniciativa muy positiva para restablecer la salud de la república y quienes afirman que se trata de una intromisión autoritaria que afecta la autonomía de los poderes públicos, la Argentina afronta una grave situación de conflicto institucional cuyas consecuencias podrían resultar insospechadas.

O, tal vez, simplemente todo quedará en la caída de algunos funcionarios de segunda línea sin que el fondo de la cuestión llegue a dilucidarse. (www.REALPOLITIK.com.ar)

 

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